Sustracción Internacional de Menores

Es evidente el creciente aumento de Matrimonios Mixtos (cuando uno de los miembros no es español) que actualmente existe en nuestro país planteándose la problemática cuando el progenitor extranjero decide volver a su país con sus hijos tras la separación o divorcio.

Cuando el progenitor sustrae al menor fuera de su residencia habitual sin el consentimiento del otro padre constituye una violación de los derechos legales del otro Progenitor, que da lugar, con frecuencia, a Procesos Judiciales, para la recuperación del niño.


¿Que Leyes ampara estas situaciones?


Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores.


El artículo 225 bis del Código Penal modificado por la Ley citada, señala:


1. El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.


2. A los efectos de este artículo, se considera sustracción:

  1. El traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia.
  2. La retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa.

Este artículo también contempla la posibilidad de que aún habiendo sustraído ilícitamente a los hijos, si el progenitor comunica dentro las 24 horas siguientes el domicilio donde se encuentran con el compromiso de devolución inmediata que efectivamente lleve a cabo, o la ausencia no hubiere sido superior a dicho plazo de veinticuatro horas, quedará exento de pena.


Para evitar que la sustracción de menores se prevén una serie de medidas necesarias:

    1. Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.
    2. Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido.
    3. Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.

Por otro lado, a nivel internacional, España forma parte, entre otros muchos países, del Convenio de La Haya, para la Sustracción de Menores, cuya finalidad es asegurar la Restitución Inmediata de los Menores trasladados o retenidos ilícitamente en cualquiera de los países contratantes, y que los Derechos de Custodia y Visita sean respetados.

La finalidad de este Convenio además de restablecer la situación anterior al traslado o retención ilícita mediante la Restitución Inmediata del Menor a su residencia habitual, impiden que los individuos puedan cambiar la Jurisdicción, a fin de obtener una Decisión Judicial que les favorezca. Es el de evitar que mediante el traslado de un menor a otro país, se altere el foro competente para decidir sobre la custodia de dicho menor.


Se parte de la premisa básica de que el juez competente para decidir sobre la custodia del menor es el del país donde éste reside habitualmente. Esto supone que cuando el niño es localizado en otro Estado y se solicita su restitución, el juez que debe ordenar el retorno del menor no debe entrar a valorar cuestiones de fondo, sino que debe limitarse a comprobar si se dan las circunstancias para considerar el traslado o retención como ilícitos, de conformidad con el Convenio.

Se aplica a todos los Menores de 16 años, que hayan tenido su Residencia Habitual en un Estado Contratante antes de la infracción de los Derechos de Custodia o de Visita.

Como Residencia Habitual se entiende el lugar donde residía el Menor, donde tenía su centro de vida, por lo que no se refiere ni al Domicilio ni a la Nacionalidad.


¿Qué puede alegar el padre o la madre acusado de traslado ilícito como oposición?

El Convenio de La Haya, prevé algunas excepciones al Principio de Restitución de Menores, que tienen que ser probadas por quien se opone a la restitución, entre ellas, las siguientes:

a) No ejercicio efectivo del Derecho de Custodia por parte del solicitante de la Restitución en el momento del traslado.


b) Consentimiento o aceptación del traslado o retención por parte de quien, en el momento de producirse, estaba al cuidado del niño.

c) Cuando exista grave riesgo de que la Restitución exponga al Menor a un peligro físico o psíquico o una situación intolerable.

d) Cuando el Menor haya alcanzado una edad y grado de madurez, que permita tener en cuenta su opinión y éste se oponga.

Así mismo, podrá denegarse la Restitución, cuando quede demostrado que haya transcurrido 1 año, y que el menor esté integrado en su nuevo medio, así como cuando no lo permitan los Principios Fundamentales del Estado Requerido, o sus Libertades Fundamentales.



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