Violencia de Género

En la actualidad se entremezcla el concepto de violencia de género con la violencia doméstica o familiar. La diferencia se centra en quién es la víctima de estas agresiones.

Para que los actos de violencia sobre la mujer incidan en el ámbito de esta Ley y puedan reputarse violencia de género es preciso que tengan como sujeto activo en todo caso a un hombre, que el sujeto pasivo sea siempre una mujer y que entre ambos exista, o haya existido, una relación matrimonial o relación similar de afectividad, aún sin convivencia.

La violencia doméstica, se refiere a las personas descritas en el articulo 173.2 del Código Penal otorgando especial protección por la situación de dependencia entre agresor y victima ( hijos respecto a progenitores), o por la relación legal ( tutor respecto al incapaz ). Como en este articulo no se establece un números clausus de relaciones se pueden incluir en el otros supuestos siempre enmarcados en cualquier relación en virtud de la cual se esté integrado en la convivencia familiar o en los casos que por especial vulnerabilidad se encuentran sujetos a guardia y custodia en centros públicos o privados.

Medidas Cautelares

En el art. 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece como medidas cautelares la prohibición de residir en un determinado lugar, de acudir a determinado lugar o de aproximarse o comunicarse con determinadas personas.

En la LO 1/2004 se concreta la forma de adoptar las medidas de alejamiento; en su art. 64 se establece la posibilidad de prohibir no sólo que el inculpado se acerque al lugar de residencia o trabajo de la persona protegida, sino también a cualquier lugar frecuentado por ésta.

Para verificar el cumplimiento, se establece en el apdo. 3 del art. 64 LO 1/2004 la posibilidad de «utilización de instrumentos con la tecnología adecuada», que podrán ser brazaletes electrónicos.

Derechos de la víctima

Con la nueva Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se establece los derechos que tienen las mujeres víctimas de los malos tratos:

  • derecho a la información
  • derecho a la asistencia integral : desde la antencion psicológica, apoyo social, apoyo educativo a la unidad familiar, hasta el apoyo a la formación e inserción laboral.
  • derecho a la asistencia jurídica gratuita
  • derechos laborales y seguridad social como a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.
  • Ayudas sociales: si careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional. El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo.
  • acceso a la vivienda: serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable.

Problemática

A pesar de la gravedad del asunto y de la agilidad en la que deben actuar los Juzgados para asegurar que la víctima sea debidamente protegida, nos encontramos en la actualidad con un evidente problema que convierte al sistema judicial en ineficaz como es el colapso que sufren los Juzgados debido a la multitud de denuncias falsas presentadas.

El problema se presenta cuando la mujer, por el simple hecho de serlo, intenta sacar provecho de su situación y de la Ley que la ampara, con el objetivo de obtener en el divorcio o separación, beneficios económicos o personales y amenaza al marido en denunciarle si no accede a sus pretensiones (pensión elevada, suspensión de la patria potestad o guarda y custodia de los hijos, etc).

Este tipo de actuaciones impiden que las mujeres verdaderamente maltratadas queden desamparadas a merced de que el Juez decida o pueda estudiar su expediente para tomar las medidas oportunas. En Barcelona, como en el resto de España, es evidente el colapso que sufren los Juzgados implicando, en muchos de los casos, que  los expedientes queden archivados por prescripción o lo que es aún peor, que la víctima haya quedado desprotegida en manos de su agresor.



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